Tres exfuncionarios del Ministerio del Medio Ambiente evitaron sanciones administrativas luego de ser identificados por la Contraloría General de la República como parte del grupo de trabajadores públicos que viajaron fuera del país mientras estaban con licencia médica. Según informó la propia cartera, no podrán ser sumariados debido a que ya no forman parte del servicio.
La información fue dada a conocer en un oficio reservado enviado por el subsecretario de la cartera, Maximiliano Proaño, a la contralora general Dorothy Pérez, en el que se señala que de once funcionarios involucrados, ocho serán investigados a través de sumarios administrativos. En tanto, tres de ellos —Catalina Urzúa, Rocío Vera y Katherine Díaz— ya habían presentado su renuncia antes de que se revelaran los antecedentes, lo que extingue su responsabilidad administrativa conforme al Estatuto Administrativo.
Esta situación ha generado preocupación entre parlamentarios de la UDI, quienes advierten que este tipo de casos podrían repetirse en otras instituciones del Estado. “Es preocupante que tres funcionarios públicos queden completamente impunes, sin ninguna sanción administrativa ni restitución de los recursos que mal utilizaron”, afirmó el diputado Felipe Donoso.
Donoso también apuntó a las jefaturas superiores por no haber actuado oportunamente. “No basta con los sumarios e investigaciones. Hay que identificar y sancionar a quienes fallaron en su deber de supervisión y control”, sostuvo, agregando que la bancada UDI exigirá responsabilidades políticas y una respuesta urgente por parte del Gobierno y del Ministerio de Hacienda.
Los antecedentes fueron incluidos en una respuesta oficial firmada por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en la que se indica que el ministerio está cumpliendo con lo solicitado por la Contraloría y ha instruido los sumarios respectivos para determinar posibles responsabilidades.
